15 de septiembre de 2026
ADVIERTEN GRAVES VULNERACIONES EN EL SLEP MAGALLANES Y EXIGEN INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN
Colegio de profesoras y profesores de Magallanes
EXIGIMOS A LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ACTUAR DE OFICIO ANTE GRAVES VULNERACIONES NORMATIVAS Y PRECARIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL SLEP MAGALLANES
A la comunidad Regional, a las familias, a las y los funcionarios de la Educación y a la opinión pública:
Frente a los graves antecedentes expuestos formalmente en la reunión de Directores y Directoras con la Dirección Ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Magallanes el pasado 9 de septiembre de 2026, donde se constató una crisis presupuestaria institucional y la adopción de medidas de contingencia que vulneran la normativa educacional vigente, hacemos un llamado público y urgente a la Superintendencia de Educación a ejercer de manera inmediata sus facultades fiscalizadoras de oficio.
Fundamentamos este requerimiento en los siguientes hechos y consideraciones jurídicas:
1.Uso indebido de recursos y desprotección de estudiantes con NEE:
Ante la falta de reemplazos docentes, se ha dispuesto o promovido que profesionales y Educadores Diferenciales del Programa de Integración Escolar (PIE) suplan ausencias en asignaturas comunes. Esta práctica vulnera flagrantemente el destino legal exclusivo de la Subvención PIE establecido en el artículo 9° bis del DFL N° 2 de 1998 (Ley de Subvenciones) y en el Decreto Supremo N° 170 de 2009 del MINEDUC, desatendiendo arbitrariamente los Planes de Apoyo Individual (PAI) y privando del derecho a la Educación inclusiva a los estudiantes más vulnerables (Ley N° 20.422).
2.Desnaturalización funcional y menoscabo de equipos directivos:
Obligar o conminar a integrantes de equipos directivos y técnicos a asumir de forma reiterada labores de reemplazo en aula para contener la crisis de cobertura constituye una transgresión a la estructura de funciones estipulada en los artículos 7°, 8° y 42 del Estatuto Docente (DFL N° 1 de 1996), paralizando la gestión técnico-pedagógica de los colegios y comprometiendo el cumplimiento de los convenios de desempeño suscritos bajo la Ley N° 20.501.
3.Facultad y deber legal de la Superintendencia de Educación:
Conforme al artículo 51 de la Ley N° 20.529, la Superintendencia de Educación tiene la obligación legal de actuar de oficio ante hechos de gravedad o connotación pública que amenacen el cumplimiento de la normativa educacional y la correcta inversión de los caudales públicos destinados a la enseñanza. La autoridad fiscalizadora no requiere esperar denuncias individuales o el colapso total de las escuelas para intervenir.
Por lo anterior, demandamos a la Superintendencia de Educación:
Instruir un proceso de fiscalización inmediata de oficio a la administración del SLEP Magallanes respecto a la cobertura de reemplazos, la continuidad del servicio educativo y el uso legal de la dotación y recursos PIE.
Verificar la estricta afectación y destino de los fondos públicos, garantizando que ninguna subvención con fines específicos sea desviada para suplir el déficit operacional general del servicio.
Resguardar el derecho fundamental de niñas, niños y jóvenes a recibir una educación continua, especializada y de calidad, asegurando que las contingencias financieras no sean traspasadas al aula ni a las comunidades escolares.
La Educación Pública no puede sostenerse sobre la base de la precarización laboral ni de la vulneración de los derechos de nuestros estudiantes.
En entrevista con Radio Agricultura, Kast recordó que la normativa fue emitida en 2021, durante la administración de Alberto Fernández, y permaneció vigente durante el final del segundo gobierno de Sebastián Piñera y toda la administración de Boric.
En entrevista con Radio Agricultura, Kast recordó que la normativa fue emitida en 2021, durante la administración de Alberto Fernández, y permaneció vigente durante el final del segundo gobierno de Sebastián Piñera y toda la administración de Boric.
