12 de marzo de 2025
CASO CONVENIOS: FISCALÍA REVELA QUE HAY 41 IMPUTADOS E INVESTIGA EL DESTINO DE MÁS DE $65 MIL MILLONES
Representantes del Ministerio Público explicaron a la Comisión Especial Investigadora del Congreso que existen actualmente 134 RUT de Única Causa asociados a las investigaciones, con más de ocho fundaciones o corporaciones bajo indagación.
La Comisión Especial Investigadora de la Fundación Procultura recibió este martes a Eugenio Campos, director de la Unidad Especializada Anticorrupción, quien expuso avances en la investigación del denominado Caso Convenios. Durante la sesión, Campos informó que la Fiscalía ha solicitado apoyo a la PDI para indagar a la fundación Democracia Viva y ha coordinado acciones con la Unidad de Análisis Financiero y el Servicio de Impuestos Internos.
Según el fiscal, existen actualmente 134 RUT de Única Causa asociados a las investigaciones, con más de ocho fundaciones o corporaciones bajo indagación. La Región de Antofagasta concentra la mayor cantidad de casos, con 32 investigaciones en curso.
A nivel nacional, 11 personas jurídicas han sido formalizadas y hay 41 imputados. La región del Biobío lidera con 21 formalizados y 22 personas con medidas cautelares. En tanto, en la Región de Los Lagos se investigan transferencias por 15 mil millones de pesos a 11 fundaciones, mientras que en La Araucanía el monto alcanza los 44 mil millones en 13 instituciones.
Fundación Procultura bajo la lupa
En relación con la Fundación Procultura, Campos señaló que la entidad está involucrada en investigaciones en siete regiones, con un monto cercano a los seis mil millones de pesos en revisión.
Por su parte, Paulina Retamales, jefa de la División de Defensa Estatal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), detalló las acciones legales en curso. Explicó que el organismo ha presentado querellas y mantiene vigilancia sobre los casos investigados. En el caso específico de ProCultura, informó que no existen causas formalizadas contra la fundación hasta el momento.
Retamales destacó que el CDE ha impulsado medidas para recuperar los fondos transferidos en convenios cuestionados. En Antofagasta, se buscan inmuebles que podrían ser rematados en caso de una sentencia favorable, mientras que a nivel nacional se exploran acciones civiles para exigir el reintegro del perjuicio fiscal.
Críticas y medidas para evitar irregularidades
Durante la sesión, el diputado Jaime Araya (IND) expresó su preocupación por la pérdida de recursos públicos. “Estos fondos simplemente se perdieron”, cuestionó, criticando la falta de acciones concretas para la recuperación.
En tanto, el diputado Gonzalo Winter (FA) consultó sobre medidas para evitar nuevas irregularidades. Retamales sugirió que se implementen controles más estrictos, como evitar la entrega del 100% de los recursos sin informes de avance y reforzar la supervisión de contratos, aunque reconoció que el CDE enfrenta limitaciones de personal para estas labores.
Autoridades regionales y nexos con la fundación
La sesión también contó con la intervención de Nerina Paz, directora subrogante del Serviu de Valparaíso, quien explicó la trazabilidad del convenio de Procultura en la región. Detalló los procedimientos administrativos y actos relacionados, asegurando que su firma de validación se realizó cuando el convenio ya estaba tramitado.
Por otro lado, el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, abordó los proyectos de Procultura en su región, señalando que las iniciativas en Tierra del Fuego y Punta Arenas datan de 2021 y 2022.
El diputado Andrés Longton (RN) cuestionó al gobernador por supuestas conversaciones vía WhatsApp con el representante de Procultura, Alberto Larraín, insinuando una posible relación improcedente. Flies negó haber recibido o respondido mensajes de ese tipo.
Las investigaciones continúan en diversas regiones, mientras el Congreso y las autoridades analizan medidas para fortalecer la fiscalización de los convenios entre el Estado y las fundaciones.
Fuente: adnradio.cl
La institución medirá su huella de carbono y desarrollará acciones para reducir emisiones, como parte del objetivo municipal de bajar en 30% los gases al 2030.
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