11 de enero de 2024
Una reunión de balance y programación de fiscalizaciones vehiculares en las comunas de Natales y Torres del Paine, se efectuó esta semana, con una amplia participación intersectorial, en la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza.
El encuentro fue encabezado por la delegada provincial, Romina Álvarez Alarcón, y participó la coordinadora regional de Seguridad Pública, Carla Barrientos y la seremi de Agricultura, Irene Ramírez, ocasión en que se dialogó sobre los avances alcanzados en términos de organización de los operativos, y los desafíos existentes para desarrollar acciones de prevención y continuar con las fiscalizaciones, que son lideradas por el equipo de la seremi de Transportes y Telecomunicaciones.
“Hicimos el énfasis en la seguridad vial, principalmente en esta época estival. Desde Carabineros de Chile se informó que en el año 2023 hubo 21.020 controles vehiculares, los que este año también se verá aumentado, ya que a la fecha llevamos más de 100 controles, y a través de la Seremi de Transportes se están ejecutando las fiscalizaciones, por ello, hacemos un llamado a la comunidad de la provincia a ser responsables durante este verano, a resguardar su seguridad, y de las personas con quienes se trasladan a los distintos puntos de la provincia de Última Esperanza”, recalcó la delegada presidencial.
También se detalló el resultado de la incorporación de las fiscalizaciones al interior del Parque Nacional Torres del Paine, y se visualizaron otras situaciones de riesgo vehicular que se trabajarán junto a Conaf.
Por su parte, la coordinadora de Seguridad Pública, Carla Barrientos, explicó que con estas fiscalizaciones se pretende identificar que los vehículos de transporte de pasajeros y particulares cumplan con la normativa vigente, “en el caso de aquellos que no cumplan, sacarlos de circulación, buscando la seguridad de las y los vecinos de la provincia”.
En la reunión participó también la encargada de Seguridad Pública de la Municipalidad de Natales, Paula Martínez y representantes del municipio de Torres del Paine, Conaf, Sernatur y Carabineros de la 2ª Comisaría de Puerto Natales.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó una indemnización de 100 millones de pesos para cada una de las once mujeres que fueron detenidas y torturadas en 1973. El fallo reconoce el daño moral causado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante la dictadura.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó una indemnización de 100 millones de pesos para cada una de las once mujeres que fueron detenidas y torturadas en 1973. El fallo reconoce el daño moral causado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante la dictadura.