“MEDIACIÓN PENAL JUVENIL COMO COMO ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS"

Con la entrada en vigencia de la ley N°21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil también se introdujeron modificaciones a la ley N°20.084 permitiendo así incorporar en este nuevo sistema de justicia juvenil a la mediación penal.

La mediación penal juvenil en nuestro Servicio de Reinserción Social se ha instalado con decisión, como una forma de potenciar el proceso restaurativo y el rol institucional especializado que tenemos asignado, para lo cual y mediante profesionales certificados en mediación, trabajamos en generar espacios de diálogo en los cuales la víctima y el ofensor/a acuerdan determinar conjuntamente la reparación real o simbólica del daño ocasionado con la comisión del delito.

Las y los mediadores que asisten al Servicio de Reinserción Social Juvenil en este proceso se encuentran acreditados e inscritos en el registro de mediadores penales, lo que nos permite entregar un servicio de alta calidad a ofensores, victimas y comunidad, que no sólo resuelva fuera del tribunal, sino que además se logre identificar efectivamente el daño causado y se generen propuestas que permitan reparar dicho daño.

Este proceso es una de las herramientas más representativas de la Justicia Restaurativa y el gran corazón que sostiene al Servicio de Reinserción Social Juvenil y que, en la región de Magallanes y Antártica Chilena, ha dado sus primeros resultados facilitando mediaciones y logrando acuerdos, que han respetado los principios de voluntariedad, confidencialidad y neutralidad para victimas e infractores, a través de procesos flexibles y focalizados, por primera vez, en las necesidades reales de las víctimas.

La mediación penal juvenil en su marco normativo amparada en la Ley N° 20.084 en su Título II Párrafo V, considera en sí misma el marco normativo internacional y nacional de protección y garantías de los derechos de los adolescentes, como es, por ejemplo, a nivel internacional la Convención sobre los Derechos del Niño; y a nivel nacional la Ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. La mediación penal juvenil ofrece a jóvenes en conflicto con la justicia la posibilidad de un proceso flexible que sea capaz de responder a las necesidades de todos ellos y ellas, considerando su contexto social y cultural, respondiendo de esta manera a principios internacionales de respeto y garantía de derechos de la infancia y adolescencia centrándonos por tanto en la reinserción, limitando la privación de libertad, enfatizando los factores protectores como el rol de la familia o las redes de apoyo y fomentando una intervención que promueva la dignidad y responsabilización del o la joven.

La macrozona sur del Servicio de Reinserción Social Juvenil, en la que se encuentra nuestra región, ha aportado entre enero y julio de 2025 – primer año de instalación en estas regiones - el 35% de las mediaciones llevadas a cabo a nivel nacional, observándose una tendencia al alza progresiva. En este sentido, Magallanes exhibe a la fecha, un total 26 derivaciones al Programa de Mediación Penal Juvenil, provenientes de Tribunales de Garantía y del Ministerio Público, destacando el cierre de los primeros procesos con resultado de acuerdo.

Creemos firmemente en la mediación penal juvenil como herramienta de la justicia restaurativa, toda vez que la contundente evidencia que existe respecto a esta práctica a nivel mundial permite sostener que es posible disminuir la reincidencia en la comisión de los delitos. Esto sin mencionar los resultados positivos que se han descrito para víctimas de delitos y la contribución que los procesos restaurativos pueden hacer en términos de promover sentimientos de justicia tanto en víctimas como ofensores.

Tenemos la convicción que este es el camino adecuado para abogar por la justicia y la hacer efectiva la reinserción de jóvenes. En esto trabajamos diariamente, impulsando procesos de mediación que aseguren un espacio de diálogo y confidencialidad, sin coerción de ningún tipo y que promuevan la responsabilización y la reparación del daño, en un clima de respeto para la víctima y el ofensor.