1 de octubre de 2024
CONTRALORÍA OFICIA A LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN POR TRASPASOS DE RECURSOS PÚBLICOS LA UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
La investigación busca esclarecer los contratos directos entre el Ministerio de Educación y la Universidad San Sebastián (USS) durante el tiempo en que Marcela Cubillos estuvo al frente de la cartera.
La Contraloría General de la República (CGR) anunció la apertura de un oficio contra la Superintendencia de Educación y la Subsecretaría de Educación Superior para indagar sobre las transferencias de recursos públicos que han llegado a la Universidad San Sebastián.
La investigación surge tras la revelación del millonario sueldo que recibía la exministra de Educación, Marcela Cubillos, cuando ejercía como profesora en la institución, así como el aumento de fondos que se trasladaron a la universidad durante su mandato como ministra.
A través de su cuenta de X, el organismo fiscalizador aseguró que “el objetivo es verificar el cumplimiento de las funciones de control por parte de la Superintendencia de Educación”.
El caso
Los diputados Juan Santana (PS), Luis Cuello (PC), Andrés Giordano (FA) y Gael Yeomans (FA) solicitaron la indagación de las licitaciones y transacciones realizadas durante el gobierno de Sebastián Piñera.
Además, diputados oficialistas presentaron una denuncia ante la Contraloría para que se investiguen los contratos directos entre el Ministerio de Educación y la Universidad San Sebastián (USS) durante el tiempo en que Cubillos ocupó la cartera.
Según una investigación realizada por Ciper, durante su gestión, la Subsecretaría de Educación pagó $1.479 millones a la USS.
En el contexto del segundo gobierno de Sebastián Piñera, la universidad alcanzó un récord de transacciones con organismos estatales, superando los $3 mil millones en 2021, cifra que triplica los $1.1 mil millones registrados en el último año de Michelle Bachelet.
Durante su mandato, la Subsecretaría de Educación Pública emitió órdenes de compra por $1.479 millones para diversos programas de formación docente y asesorías técnicas.
Fuente: cnnchile.com
La medida rige desde el 15 de mayo entre las regiones de Atacama y Magallanes, a fin de proteger a la población de eventuales desbordes de caudales.
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