17 de octubre de 2025
DENUNCIAN UNA “GRAN INTERVENCIÓN ECONÓMICA” DE ONG EXTRANJERAS PARA DEFENDER LEY LAFKENCHE
La Ley Lafkenche, promulgada en 2008 como parte de la implementación del Convenio 169 de la OIT, reconoce los derechos territoriales de los pueblos originarios, particularmente los lafquenches en la Araucanía y Biobío.
La presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), Zoila Bustamante, denunció la “intervención económica gigantesca” por parte de organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras en el contexto del debate sobre el uso de los recursos del mar y de la posibilidad de continuar desarrollando actividades como la acuicultura donde Chile es líder mundial con la producción de trucha y salmón.
Esta acusación, formulada durante una conferencia en Puerto Montt, región de Los Lagos, el 15 de octubre de 2025, pone en el centro del debate la Ley Lafkenche, un marco legal que, al menos en sus bases, busca proteger los derechos ancestrales de las comunidades indígenas en la costa sur del país.
“Hay una gran intervención económica de ONG extranjeras para defender la Ley Lafkenche”, declaró, señalando que estas entidades estarían inyectando recursos millonarios para influir en el Congreso y presionar a las autoridades locales. Según la líder, este financiamiento no solo sesga el debate público, sino que ignora las necesidades inmediatas de miles de familias chilenas que dependen de la pesca artesanal para su subsistencia cotidiana.
“Nosotros, los pescadores, somos los verdaderos guardianes del mar, pero nuestras voces se ahogan ante el dinero foráneo”, agregó.
La Ley Lafkenche, promulgada en 2008 como parte de la implementación del Convenio 169 de la OIT, reconoce los derechos territoriales de los pueblos originarios, particularmente los lafquenches en la Araucanía y Biobío.
Sin embargo, para Conapach, esta norma ha derivado en restricciones que limitan el acceso de pescadores no indígenas a zonas costeras, exacerbando la precariedad económica en comunidades mixtas. La ley también ha servido para volver aun más compleja la tramitación de los permisos de funcionamiento y concesiones que requiere la industria salmonucultora chilena que emplea a más de 86 mil personas.
Bustamante argumenta que las ONG, muchas con sede en Europa y Estados Unidos, promueven una agenda ambientalista radical que prioriza la conservación estricta sobre el desarrollo local. “Reciben fondos de fundaciones internacionales que superan los millones de dólares anuales, mientras nosotros luchamos con embarcaciones obsoletas y mercados inestables”, precisó.
En los últimos años, Chile ha sido escenario de protestas en puertos como Talcahuano y Quellón, donde pescadores exigen reformas a la ley para equilibrar la protección indígena con la inclusión artesanal. Así como también en Puerto Natales y Punta Arenas donde miles de personas trabajan en la acuicultura.
Expertos en políticas pesqueras, como el oceanógrafo de la Universidad Austral de Chile, Ricardo Olea, coinciden en que la intervención externa complica el diálogo. “Las ONG aportan expertise, pero cuando el financiamiento opaca las perspectivas locales, se genera desconfianza”, opina Olea.
La respuesta de las ONG no se ha hecho esperar. Greenpeace Chile, una de las más activas en la defensa de la ley, rechazó las acusaciones calificándolas de “infundadas” y reiteró su compromiso con la biodiversidad marina. “Nuestros esfuerzos buscan un océano sano para todos, no contra nadie”, señaló un portavoz. No obstante, Bustamante insta a una auditoría transparente de los fondos recibidos por estas organizaciones, proponiendo un fondo nacional para apoyar directamente a los pescadores.
El impacto de esta polémica trasciende lo local. Chile, como segundo productor mundial de salmón, enfrenta presiones globales por prácticas sostenibles, pero el conflicto interno amenaza con fragmentar alianzas clave. Para Conapach, que representa a más de 50.000 artesanos, esta es una batalla por la soberanía alimentaria. “No rechazamos la ayuda, pero debe ser solidaria, no impositiva”, concluye Bustamante.
En 2024 la Asociación de Salmonicultores de Magallanes denunció a la CONAF ante Contraloría General de la República por la presunta participación de la ONG extranjera PEW en la elaboración de planes de manejo y otros procesos de toma de decisión en áreas protegidas de la región.
Fuente: zonazero.cl
Ruedas de negocios, encuentros con prensa internacional y talleres marcaron la tercera jornada en Puerto Natales, donde emprendedores y destinos de todo el país presentaron su oferta a los principales actores del turismo aventura global, fortaleciendo la proyección internacional de Chile y sus regiones.
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