17 de diciembre de 2025
MINVU RECUPERA LA CUARTA VIVIENDA SOCIAL Y LA SEGUNDA EN UNA SEMANA
Se trata del cuarto inmueble que el SERVIU restituye por mal uso en Punta Arenas. A la fecha, se han fiscalizado 1.839 viviendas en 20 conjuntos habitacionales de la región, resguardando el buen uso de los subsidios y asegurando que lleguen a las familias que realmente los necesitan.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del equipo de Fiscalización del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Magallanes, realizó hoy un nuevo operativo de recuperación de una propiedad correspondiente al Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49).
Se trata de la cuarta vivienda recuperada en la región durante el periodo 2024–2025 y la segunda en el transcurso de la última semana, como resultado del fortalecimiento de los procesos de control y seguimiento del uso de los subsidios habitacionales.
La acción se enmarca en el Plan Regional de Fiscalización impulsado por el Minvu, cuyo objetivo es verificar la ocupación efectiva de las viviendas sociales y resguardar que estas soluciones cumplan su función, llegando a familias que presentan una real necesidad habitacional.
“Como Ministerio estamos muy atentos al correcto uso de las viviendas sociales. Hemos fiscalizado más de 1.800 viviendas entregadas durante nuestra administración y el 75% cumple correctamente con el uso del beneficio. El resto se encuentra en análisis por parte del equipo de fiscalización, en una tarea mandatada por el Presidente Gabriel Boric para generar mayor conciencia y responsabilidad en el uso de estos subsidios”, señaló el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia.
Durante el periodo, el SERVIU de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena ha fiscalizado 1.839 viviendas en 20 conjuntos habitacionales de la región. De ese total, un 25% permanece en seguimiento por eventuales incumplimientos, como desocupación prolongada, arriendos informales o cesión a terceros sin autorización, situaciones que pueden derivar en procedimientos administrativos y, de ser necesario, en la restitución del inmueble.
“A través de nuestra Unidad de Fiscalización hemos recuperado una nueva vivienda. En este caso fue necesario coordinar acciones con la Seremi de Seguridad, la Delegación Presidencial y Carabineros para hacer ingreso al inmueble mediante fuerza pública, ya que el ocupante no correspondía al beneficiario y existían denuncias por ocupación irregular y conexiones ilegales”, explicó el Director (s) del SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo.
Desde el SERVIU se informó que el inmueble recuperado será sometido a una evaluación técnica para determinar las reparaciones necesarias, con el objetivo de reasignarlo posteriormente a una familia beneficiaria del programa DS49, dando continuidad al Plan de Emergencia Habitacional y al uso eficiente de los recursos públicos.
“Este trabajo refleja el compromiso de las y los funcionarios del SERVIU y ha permitido recuperar dos viviendas en menos de diez días, que podrán ser destinadas a familias con una real urgencia habitacional en la región”, añadió González.
Respecto de los bienes encontrados en el inmueble al momento del operativo, la Unidad de Fiscalización del SERVIU informó que estos quedaron debidamente inventariados y bajo custodia. El propietario contará con un plazo de 30 días corridos para coordinar su retiro.
Las autoridades reiteraron que la fiscalización permanente es una herramienta clave para prevenir el mal uso de los subsidios habitacionales, fortalecer la transparencia y asegurar que las viviendas sociales cumplan su propósito de mejorar la calidad de vida de las familias.
La comisión de seguimiento del Convenio aprobó la modificación respecto a su extensión (con vigencia hasta 2030), la actualización de los costos totales ($84.890.882 por parte del Gobierno Regional, equivalente al 27% del total; y $234.891.981 por parte del ministerio de Salud, equivalente al 73% restante) y la modificación de la cartera de proyectos contenidos en el Convenio inicial.
La comisión de seguimiento del Convenio aprobó la modificación respecto a su extensión (con vigencia hasta 2030), la actualización de los costos totales ($84.890.882 por parte del Gobierno Regional, equivalente al 27% del total; y $234.891.981 por parte del ministerio de Salud, equivalente al 73% restante) y la modificación de la cartera de proyectos contenidos en el Convenio inicial.
