22 de abril de 2025
SENADOR KARIM BIANCHI PRESENTA QUERELLA CRIMINAL POR DELITO TERRORISTA TRAS ATAQUE EN QUILACO
El parlamentario independiente por Magallanes invoca la nueva Ley Antiterrorista para enfrentar con firmeza el atentado incendiario en la Central Hidroeléctrica Rucalhue, donde fueron destruidos 51 vehículos y se intimidó a personal de seguridad.
El senador independiente Karim Bianchi presentó este lunes una querella criminal por delito terrorista ante el Juzgado de Garantía de Santa Bárbara, a raíz del grave ataque incendiario ocurrido la madrugada del 20 de abril en la comuna de Quilaco, Región del Biobío. El atentado, perpetrado por un grupo armado, afectó las instalaciones de la Central Hidroeléctrica Rucalhue, donde fueron destruidos 51 vehículos, incluyendo maquinaria pesada y camiones, y donde además se redujo e intimidó violentamente al personal de seguridad.
La acción judicial, patrocinada por el abogado Sergio Eduardo Mancilla Alvear, invoca la Ley N° 21.732, que tipifica y sanciona conductas terroristas, argumentando que los hechos configuraron un acto planificado, ejecutado con violencia y con el objetivo de infundir temor y desestabilizar.
"Este no fue un simple delito, fue un acto terrorista: planificado, violento y con el claro objetivo de infundir temor en la ciudadanía. Por eso hemos presentado esta querella, para que se investigue a fondo y se sancione con todo el rigor de la ley. La democracia se defiende con decisión, justicia y respeto a la vida en paz que la ciudadanía exige y merece", señaló el parlamentario por Magallanes, quien además fue uno de los impulsores de la nueva normativa antiterrorista.
En el lugar del ataque se encontraron panfletos con consignas reivindicatorias, se bloquearon accesos con árboles y miguelitos, y se dificultó deliberadamente la reacción de autoridades y servicios de emergencia. El Gobierno anunció también que presentará una querella por los mismos hechos, calificando el acto como de "evidente connotación terrorista".
El senador Karim Bianchi insistió en que este tipo de hechos "no pueden ser tratados como delitos comunes", y destacó que la nueva legislación proporciona herramientas más eficaces para la investigación, persecución y sanción de quienes usan el miedo y la violencia para imponer sus ideas.
El escrito judicial solicita una serie de diligencias a la PDI, incluyendo informes periciales, análisis de cámaras de seguridad, revisión de geolocalizaciones y declaraciones de testigos, con el fin de dar con los responsables materiales e intelectuales del atentado.
El gobernador de Magallanes defendió la legalidad del proceso y apuntó a motivaciones políticas detrás de las acusaciones por cohecho y fraude al fisco.
El gobernador de Magallanes defendió la legalidad del proceso y apuntó a motivaciones políticas detrás de las acusaciones por cohecho y fraude al fisco.
