11 de agosto de 2026
COLEGIO DE PROFESORAS Y PROFESORES DE MAGALLANES RECHAZA CAMPAÑAS DE DIFAMACIÓN CONTRA DOCENTES EN REDES SOCIALES
El gremio manifestó su rechazo a las acusaciones anónimas difundidas en redes sociales contra docentes de un establecimiento educacional de Punta Arenas y anunció respaldo jurídico a los afectados.

En defensa de la labor Docente y contra las difamaciones en redes sociales.
Ante los recientes hechos que han afectado a Colegas Docentes de una Escuela en particular y a la Comunidad Educativa en general en nuestra Comuna de Punta Arenas, expresamos de manera categórica nuestro rechazo a las acusaciones anónimas, falsas e infundadas difundidas a través de redes sociales.
La labor pedagógica se construye sobre el respeto, la confianza y el compromiso. No toleraremos que la honra, el prestigio y la trayectoria profesional de las/los Docentes sean objeto de “funas” irresponsables o juicios paralelos en internet que buscan destruir la dignidad de quienes educan.
Hacemos un llamado firme a apoderados y estudiantes a actuar con responsabilidad y madurez. La libertad de expresión no es un cheque en blanco para calumniar. Existen canales conductos e institucionales para encauzar cualquier inquietud o denuncia de forma seria y fundamentada.
Advertimos que no dudaremos en respaldar y exigir las acciones legales pertinentes contra quienes resulten responsables de difundir mentiras o calumnias que atenten contra la integridad moral y profesional de nuestro cuerpo Docente.
Exigimos respeto a la profesión Docente.
La Educación se respeta.
DIRECTORIO REGIONAL MAGALLANES, COLEGIO PROFESORAS Y PROFESORES A.G.
En entrevista con Radio Agricultura, Kast recordó que la normativa fue emitida en 2021, durante la administración de Alberto Fernández, y permaneció vigente durante el final del segundo gobierno de Sebastián Piñera y toda la administración de Boric.
En entrevista con Radio Agricultura, Kast recordó que la normativa fue emitida en 2021, durante la administración de Alberto Fernández, y permaneció vigente durante el final del segundo gobierno de Sebastián Piñera y toda la administración de Boric.







































































































































































