11 de abril de 2024
COMISIÓN DE LIBERTAD CONDICIONAL DE PUNTA ARENAS INICIÓ LA REVISIÓN DE 85 POSTULANTES AL BENEFICIO EN LA JURISDICCIÓN
Corresponden a 67 postulaciones de internos del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, 10 del Centro de Estudios y Trabajo de la capital regional, 4 del Centro de Detención Preventiva de Porvenir y otros 4 de Puerto Natales.
La Comisión de Libertad Condicional de Punta Arenas inició -el miércoles 10 de abril- el análisis de 85 postulaciones al beneficio de internos de los centros privativos de libertad de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
La instancia, presidida por el ministro de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Juan Villa Martínez, e integrada por los jueces penales Jaime Álvarez Astete, Constanza Sutter Lagarejos, Cristián Armijo Silva y Jaime Aceituno Romero, se conformó desde el 10 y hasta el 12 de abril, con el objetivo de analizar 67 postulaciones de internos del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, 10 del Centro de Estudios y Trabajo de la capital regional, 4 del Centro de Detención Preventiva de Porvenir y otros 4 de Puerto Natales.
El Decreto Ley N° 321 de 1925 y modificado por la ley 21.124 que entró en vigencia a comienzos de 2019, establece como requisitos para postular al beneficio de la libertad condicional, haber cumplido la mitad de la condena o dos tercios (en el caso de condenas por delitos graves); presentar una conducta intachable en el establecimiento penal y contar con un informe de postulación sicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería sobre los factores de riesgo de reincidencia y de conciencia del delito.
En entrevista con Radio Agricultura, Kast recordó que la normativa fue emitida en 2021, durante la administración de Alberto Fernández, y permaneció vigente durante el final del segundo gobierno de Sebastián Piñera y toda la administración de Boric.
En entrevista con Radio Agricultura, Kast recordó que la normativa fue emitida en 2021, durante la administración de Alberto Fernández, y permaneció vigente durante el final del segundo gobierno de Sebastián Piñera y toda la administración de Boric.
