12 de junio de 2024
MUNICIPALIDAD DE NATALES RESPONDE A INFORME DE CONTRALORÍA SOBRE FUNDACIÓN DAYA
La administración actual, encabezada por la alcaldesa Antonieta Oyarzo, asegura que no se han transferido fondos a Fundación Daya desde su ingreso en 2021.
DECLARACIÓN PÚBLICA
Sobre el informe preliminar emitido por Contraloría General de la República respecto a los 14 municipios involucrados en la firma de convenio con Fundación Daya, entre ellos, la Municipalidad de Natales, informamos lo siguiente:
El convenio fue firmado el 28 de diciembre del 2015 por la administración de dicho periodo, correspondiente a un monto total de $17.642.750. En mayo del 2016, se transfirió la primera cuota equivalente a $8.821.375, los cuales no fueron rendidos por la Fundación. Es por ello, que en noviembre del 2018, la Municipalidad mediante oficio N° 2404, solicitó el término del convenio, por no haberse ejecutado en los plazos estipulados en el cronograma, debiendo efectuar el cobro administrativo y judicial durante el periodo del 2018 al 2021, el cual no se llevó a cabo.
Es imperante esclarecer, que desde el año 2021 -al ingresar la actual administración municipal encabezada por la alcaldesa Antonieta Oyarzo Alvarado- hasta la actualidad, no hemos efectuado transferencia alguna a la Fundación Daya durante la gestión de este gobierno local.
Como Municipio Ciudadano, velamos por la transparencia y el uso responsable de las arcas municipales, que siempre han sido invertidas en salud, educación, desarrollo social, y calidad de vida de nuestro natalinos y natalinas. Asimismo, lamentamos que la información emitida por algunos medios de comunicación sea incompleta y parcializada, acerca de la responsabilidad de esta administración. Por el momento, la Municipalidad de Natales a través de la Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de Control, se encuentra recabando la información correspondiente para responder al preinforme en los plazos entregados por la Contraloría.
Una ventana meteorológica permitió comenzar este miércoles la extracción de las personas fallecidas, en una operación coordinada por el Comando de Incidentes y apoyada por Carabineros, Ejército, CONAF y la Fuerza Aérea. El proceso se desarrolla en un entorno de alta complejidad geográfica, mientras continúan las coordinaciones con la Fiscalía, el SML y los consulados.
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