3 de octubre de 2024
PATRICIA AMARALES SOBRE EL MALTRATO ANIMAL: "NO PODEMOS TENER UNA LEY DE LA SELVA"
Candidata a Consejera regional Dra. Patricia Amarales.
Después de las noticias alarmantes sobre maltrato animal en Punta Arenas, Patricia Amarales, candidata al Consejo Regional de Magallanes, ha expresado su preocupación por la falta de políticas claras para el control de la población canina en la región. Amarales recordó que, en el último censo de 2009, había un total de 15,000 perros en la ciudad, y que la situación actual del canil municipal —con una capacidad ideal de 36 perros y una ocupación de 61— muestra la necesidad de medidas urgentes.
"No podemos tener una ley de la selva", afirmó Amarales, haciendo un llamado a las autoridades a abordar el problema de los perros abandonados de manera estructurada. Además, recalcó la importancia de implementar las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), que sugieren las siguientes medidas:
1. Educación sobre la tenencia responsable.
2. Registro e identificación de los perros.
3. Control reproductivo a través de la esterilización.
4. Captura y manejo adecuado de perros callejeros.
5. Adopción o devolución responsable de los perros recogidos.
6. Mejoras en el control ambiental.
7. Regulación del movimiento de perros dentro del país y a nivel internacional.
8. Reglamentación de la venta de animales.
9. Reducción de la incidencia de mordeduras mediante control de la población.
10. Eutanasia en casos justificados.
Amarales también citó datos preocupantes de la escuela de veterinarios de Chile, que indican entre 50,000 y 60,000 mordeduras de perros al año en el país. "Es necesario evaluar y proyectar hacia dónde vamos y qué medidas vamos a tomar. La situación no puede seguir así", concluyó.
Con este llamado, Amarales busca posicionar el control de la población canina como un tema prioritario para la salud pública y el bienestar animal en Magallanes.
La medida rige desde el 15 de mayo entre las regiones de Atacama y Magallanes, a fin de proteger a la población de eventuales desbordes de caudales.
La medida rige desde el 15 de mayo entre las regiones de Atacama y Magallanes, a fin de proteger a la población de eventuales desbordes de caudales.
