PDTE DEL FESIT CHRISTIAN GARCÍA ADVIERTE QUE NUEVA CONCESIÓN DE ZONA FRANCA DEBERÁ PONER EL FOCO EN INVERSIONES, SERVICIOS, TARIFAS Y CONTROL

El futuro de la Zona Franca de Punta Arenas, el proceso asociado a una eventual nueva concesión del recinto y las competencias que actualmente posee el Gobierno Regional fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde participó el presidente de la Fundación de Estudios Sistemáticos Tributarios de Chile (FESIT), Cristian García.

En conversación con el espacio radial, el especialista realizó un análisis del régimen de Zona Franca, diferenciando las disposiciones legales que regulan sus beneficios tributarios de aquellas relacionadas directamente con la concesión y administración del recinto físico.

García sostuvo que el régimen de Zona Franca continúa plenamente vigente y que, pese a los cambios experimentados por la economía chilena desde la década de 1970, sus características fundamentales permanecen establecidas por ley.

“La ley de Zona Franca es bastante clara en cuanto a lo que hoy día se establece. El sistema de zonas francas en Chile está pensado para comercio y transformación industrial cuando la legislación de Zona Franca se crea, pero ya en el año 74 lo que se crea es un sistema donde existían los depósitos francos y las zonas francas. Los depósitos francos solo permitían la importación y exportación de mercancías, pero las zonas francas además permitían la transformación industrial”, explicó.

En esa línea, descartó que la posibilidad de desarrollar actividades industriales dentro del recinto sea algo ajeno al espíritu original del sistema. A su juicio, las razones por las cuales no se ha producido una instalación masiva de industrias responderían principalmente a las condiciones económicas actuales y a que existen alternativas que pueden resultar más atractivas para los privados.

“Así que cuando uno escucha hablar de que hay que volver al origen, el origen siempre ha estado. Lo que pasa es que los privados no le es atractivo hoy día este sistema de Zona Franca porque cuando la Zona Franca se crea, Chile también tenía condición económica muy distinta”, afirmó.

Un modelo que perdió parte de su ventaja competitiva

Uno de los elementos centrales del análisis de García fue la transformación que experimentó la economía chilena desde los años 70, particularmente en materia de importaciones, aranceles y acceso a divisas.

El presidente de FESIT recordó que, cuando se creó el régimen, existían importantes restricciones para importar productos y acceder a moneda extranjera, mientras que los aranceles eran considerablemente superiores a los actuales. Con el proceso de apertura comercial de Chile y la suscripción de numerosos tratados de libre comercio, parte de aquellas ventajas comparativas se redujeron.

“Cuando la Zona Franca comienza, el arancel promedio era de 21%, pero hoy día la tasa de aranceles es de 6% e incluso la tasa efectiva llega a ser cero, dado que Chile tiene un montón de tratados de libre comercio firmado con varios países y eso permite importar sin aranceles y exportar a esos países donde tampoco se pagarán aranceles”, señaló.

Por ello, planteó que la Zona Franca ha perdido parte de la competitividad que tenía originalmente, aunque todavía mantiene beneficios relevantes, entre ellos las exenciones tributarias contempladas para quienes califican como usuarios del régimen.

“Entonces en realidad las ventajas de la Zona Franca no son por el funcionamiento del régimen de Zona Franca, sino porque el modelo económico chileno en general fue cambiando. El sistema de Zona Franca entonces fue perdiendo competitividad respecto a lo que prometía o lo que se preveía en los años 70”, sostuvo.

Cuatro elementos para la futura concesión

Respecto de una eventual nueva licitación del recinto, García puso especial énfasis en diferenciar el régimen de Zona Franca de la concesión que permite que dicho régimen opere en un espacio físico determinado.

En ese contexto, identificó cuatro elementos que, a su juicio, deben ser considerados al momento de estructurar las bases de una futura concesión: el precio de la concesión, las inversiones exigidas, los servicios que deberá prestar la concesionaria y las tarifas asociadas a esos servicios, además de los mecanismos de control.

“Una condición son evidentemente el precio de la concesión. La segunda son las inversiones que se van a requerir, la tercera son los servicios que la concesionaria debe prestar y, por lo tanto, las tarifas que cobrará. Y aquí es donde estaba la polémica que los usuarios pagan tarifa alta no tiene que ver con el precio que la concesionaria le paga al Gobierno Regional, tiene que ver con las tarifas que la concesionaria le cobra a los usuarios”, explicó.

El especialista agregó que también debe existir una preocupación especial respecto del control de las mercancías, de los usuarios y del origen de los capitales que puedan ingresar al recinto.

“Y por último, el tema de los controles y los controles tienen que ver no solamente con el control de las mercancías que se instalen y las que se fabrican, sino también con los capitales y lógicamente con el control de cuáles son los usuarios que están dentro del recinto y también la concesionaria”, sostuvo.

Las 11 hectáreas de Bahía Catalina

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la situación de los terrenos que actualmente conforman el recinto franco y las 11 hectáreas adquiridas por el Gobierno Regional en el sector de Bahía Catalina.

García planteó que la eventual incorporación de esos terrenos al recinto debería ser considerada en el diseño de una nueva concesión, no solamente desde una perspectiva de superficie disponible, sino también respecto del tipo de infraestructura e inversiones que se proyecten.

“Nosotros tenemos un recinto con 52 hectáreas, el Gobierno Regional compró 11 hectáreas colindantes en el sector de Bahía Catalina. Y se espera que esas hectáreas se puedan incorporar también al recinto Franco y se consideraran como área, por lo tanto, claro, en una eventual nueva concesión, es relevante saber si vamos a tener solo 52 hectáreas o se van a adicionar esas 11”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que la incorporación de nuevos terrenos debería ir acompañada de una planificación adecuada, incluyendo infraestructura y un eventual diseño urbano que permita mejorar las condiciones del recinto.

“Además en esa concesión habrá que establecer condiciones para que esas nuevas hectáreas también se urbanicen y a lo mejor se urbanicen con algún diseño arquitectónico interesante, no simplemente levantamiento, galpones al lote y todo feo. Entonces, hay también una cuestión, una consideración de hermoseamiento que hay que valorar”, agregó.

También mencionó como posibles necesidades futuras la construcción de bodegas de frío y otros espacios destinados a actividades logísticas e industriales, materias que deberían quedar establecidas en las bases de la licitación.

Competencias del Gobierno Regional

Uno de los aspectos que mayor relevancia adquirió durante la conversación fue la discusión sobre las competencias que actualmente posee el Gobierno Regional de Magallanes para participar en el proceso de concesión.

García explicó que las facultades relacionadas con la concesión fueron delegadas al Gobierno Regional, situación que, según su interpretación, deja al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Economía en un rol distinto al que tendrían si esas competencias permanecieran en el nivel central.

“La ley es muy clara en la Zona Franca, en establecer qué. La concesión, la preparación de las bases de concesión, en la supervigilancia de la concesión y el control sobre la concesionaria. Le corresponde al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Economía, pero que el Presidente de la República puede delegar las facultades de esos dos ministerios, es la autoridad que determine”, explicó.

En ese contexto, destacó que dicha delegación ya se habría materializado y que el Gobierno Regional es actualmente el actor que debe conducir el proceso en virtud de las facultades delegadas.

“De hecho, antes de que fuera, el gobernador estuvo delegado en el intendente. Siempre, por lo tanto, nunca, nunca en esta región el Ministerio de Hacienda y el de Economía ha tenido facultad alguna para licitar la Zona Franca. Nunca lo ha hecho, lo hizo el año 77 con Parenazón, lo hizo el año 2007 con renta inmobiliaria y ahora le tocará al gobernador regional, no al intendente porque desapareció, hacerlo con la futura”, afirmó.

Por ello, ante el interés manifestado por autoridades de los ministerios de Hacienda y Economía en participar del proceso, García sostuvo que su eventual intervención debería producirse dentro de las facultades que posee el Gobierno Regional.

“Y aún cuando existe interés de esos ministerios, a lo más van a ser colaboradores, siempre y cuando el Gobierno Regional así lo determine y si es que el Gobierno Regional quiere incorporarlo, perfecto. Para finalizar la lista”, señaló.

Servicios, gimnasios y otros usos dentro del recinto

La entrevista también abordó uno de los debates que han surgido en torno al futuro de la Zona Franca: la posibilidad de ampliar los servicios y actividades que pueden desarrollarse dentro del recinto, incluyendo alternativas como gimnasios, hoteles u otros establecimientos.

García explicó que actualmente existe una interpretación del Servicio de Impuestos Internos que limita la aplicación del régimen a determinados servicios vinculados a mercancías, como manipulación, etiquetado o transporte.

“Los servicios no existen a menos que se trate de servicios ligados a mercancías. Como ejemplo, la manipulación, el etiquetado, el transporte, etcétera, pero los servicios puros no están contemplados en el régimen de Zona Franca y esto no es porque la ley haya dicho que están fuera. Esto es por una interpretación del Servicio de Impuestos Internos”, indicó.

A su juicio, una modificación de esa interpretación podría eventualmente abrir espacio a una mayor incorporación de servicios, aunque recalcó que se trata de una materia que requiere un análisis jurídico y tributario.

“La ley habla de mercancía, todo el rato nunca señala que estén o no estén los servicios, pero el Servicio de Impuestos Internos es una interpretación. Cuando el régimen partió por allá por los años 70, diciendo que los servicios quedan excluidos y ha mantenido esa interpretación”, sostuvo.

Asimismo, aclaró que actualmente existen establecimientos dentro del recinto que no necesariamente utilizan los beneficios tributarios propios de la Zona Franca.

“Hay tres bancos en la Zona Franca, hay tres sucursales bancarias. Hay restoranes, está el cine. Ninguno de ellos goza de los beneficios de la Zona Franca, de los beneficios de la ley de Zona Franca, pero goza de otros beneficios. El público que llega al circuito, el flujo de efectivo, etcétera y, por lo tanto, le interesa también estar dentro de una aglomeración, por así decirlo, de personas, de empresas que van a permitir hacer negocio”, explicó.

Descentralización y el caso de Aysén

Durante el segundo tramo de la conversación, el presidente de FESIT vinculó la discusión sobre la Zona Franca con el proceso de descentralización del país, especialmente luego de las declaraciones realizadas recientemente por el exministro de Hacienda Mario Marcel en Punta Arenas.

García destacó que la transferencia de competencias sobre la Zona Franca de Magallanes constituye, a su juicio, un ejemplo concreto de descentralización.

“Yo quiero destacar los comentarios que hizo el exministro Mario Marcel. De hecho, ayer presentó su libro en la Universidad, me lo autografió. Pero yo le aproveché de hacer un comentario hace rato porque, claro, él habló de su pesar de que no se había logrado avanzar en descentralización, sobre todo por la ley de regiones más fuertes. Pero le recordé algo que se le había olvidado y que no lo mencionó. Y es que él fue uno de los grandes descentralizadores de este país, porque si la Zona Franca de Punta Arenas está en manos del Gobierno Regional, fue gracias a él y hay un claro ejemplo ahí de una concesión de servicio público, de un régimen tributario especial, que fue confiado al Gobierno Regional por una gestión de un ministro”, afirmó.

Como contraste, mencionó el caso de Aysén, región que ha buscado avanzar en la implementación de su propio régimen y recinto franco, pero que enfrenta un procedimiento diferente.

“Esto no quiere decir que todo deba descentralizarse. Ya ahora a tu pregunta sobre el plan de reconstrucción, bueno, ese es un popurrí de cosas. Es un popurrí de cosas porque hay cuestiones de arreglo de la economía, pero gran parte de esa ley contempla una reforma tributaria y la reforma tributaria tiene un sesgo evidentemente ideológico”, señaló.

Críticas y matices a la reforma tributaria

Finalmente, la conversación se trasladó hacia la propuesta de reforma tributaria y los mecanismos destinados a entregar mayor certeza a las inversiones.

García manifestó que existen aspectos que considera positivos, especialmente aquellos destinados a adelantar recaudación o generar incentivos en materia de donaciones, aunque planteó reparos respecto de los mecanismos de invariabilidad tributaria.

“La verdad que el régimen de invariabilidad tributaria lo que busca es generar una especie como de incentivo o de certeza jurídica. Ahora yo veo dos problemas en eso y depende el color político que uno con la que se quiera vestir”, indicó.

Para explicar su posición, recurrió al antiguo Decreto Ley 600 y al régimen de invariabilidad tributaria aplicado a la inversión extranjera, destacando que aquel sistema surgió en un contexto político y económico muy diferente al actual.

“Cuando tuvimos el Decreto Ley 600, que fue el Estatuto de inversión extranjera, antes de la Constitución del 80 en dictadura, recordemos que la Constitución del año 1925 duró hasta el 73. Después viene la Constitución de 1980. Entre 1976 y 1980 no hubo Constitución Política, se gobernó al lote, pero se creó el Decreto Ley 600 que permitía la inversión extranjera y se les da garantía”, relató.

A partir de esa comparación, planteó una interrogante sobre la necesidad actual de establecer mecanismos extraordinarios de invariabilidad tributaria.

“Entonces la pregunta es si convenía hacer un Estatuto haciéndonos mostrar como que mira, le vamos a mostrar un sistema de garantía porque las garantías regulares no están garantizadas, entonces hay como una suerte de merma de la credibilidad país al establecer un sistema tributario de estabilidad tributaria, como que el régimen normal no funcionara”, sostuvo.

Con todo, García reconoció que también existe un argumento favorable a este tipo de mecanismos, particularmente para entregar certeza a inversionistas frente a eventuales cambios tributarios.

“Otros dicen no, aun cuando el régimen es normal y funciona igual es bueno tener este Estatuto porque nos hace competitivo con otros países y porque permite inversionistas que tengan certeza. Se garantice que van a tener una tasa y punto, porque Chile ha tenido muchas reformas tributarias, ese es el otro argumento, puede ser. Los dos argumentos son válidos”, concluyó.

La entrevista cerró con un llamado a mantener la atención sobre el futuro proceso de concesión de la Zona Franca, considerando que, según lo expuesto durante el programa, la definición de las bases, las inversiones, los servicios, las tarifas y los mecanismos de control serán elementos determinantes para el funcionamiento del recinto durante el próximo período de concesión.

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