4 de abril de 2026
AUTORIDAD MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS PARTICIPA EN INCAUTACIÓN DE VELERO EXTRANJERO POR INFRACCIÓN ADUANERA
El operativo se realizó en Puerto Navarino y contó con la participación de Aduanas y la PDI tras detectarse actividades con fines de lucro bajo régimen irregular.
Durante la jornada del 1 de abril de 2026, personal de la Capitanía de Puerto de Puerto Williams participó en un operativo interagencial que permitió la incautación de un velero extranjero identificado como “Tanana”, en el sector de Puerto Navarino. La acción se desarrolló en conjunto con el Servicio Nacional de Aduanas y la Policía de Investigaciones de Chile.
El procedimiento se originó tras una investigación que permitió detectar una infracción a la normativa aduanera, al constatar que la embarcación realizaba actividades bajo régimen de admisión temporal con fines de lucro, lo que contraviene la legislación vigente en territorio nacional.
El Capitán de Puerto de Puerto Williams, teniente primero litoral René Rojas, explicó que la embarcación efectuaba travesías marítimas remuneradas. Por su parte, el director regional de Aduanas, Reinhold Andronoff, señaló que este tipo de casos corresponde a embarcaciones que declaran ingreso para uso privado, pero que posteriormente desarrollan actividades comerciales.
El operativo incluyó el traslado de personal de Aduanas y de la PDI hasta el lugar, a bordo de la unidad LSR-4430, permitiendo concretar la incautación en Puerto Navarino, ubicado a 54 kilómetros al oeste de Puerto Williams, donde actualmente permanece la nave.
Desde Aduanas destacaron que este tipo de procedimientos permite fiscalizar actividades fuera del marco legal, resguardar la seguridad de los turistas y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en el desarrollo de servicios en zonas marítimas.
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
La Primera Sala tuvo por no presentado el requerimiento de una sociedad inmobiliaria que cuestionaba normas de la LGUC sobre afectaciones a utilidad pública y cesiones gratuitas, al advertir falta de certificado de gestión pendiente, inconsistencias en los preceptos impugnados, ausencia de antecedentes suficientes del juicio y falta de explicación clara sobre la incidencia decisiva de las normas cuestionadas.
