18 de marzo de 2024
Autoridades e integrantes de las instituciones que conforman el sistema de justicia penal en Magallanes se reunieron para abordar y reflexionar, en una actividad interdisciplinaria, sobre las virtudes en el ejercicio del liderazgo femenino, que no solo implica participar en diferentes áreas del quehacer social, sino que se caracteriza por el estilo en las relaciones laborales, en que se releva la solidaridad y cooperación, entre muchas otras particularidades.
En el auditorio de la Corte de Apelaciones se realizó el seminario interinstitucional en que expusieron la presidenta del tribunal de alzada, Inés Recart Parra; el fiscal regional, Cristián Crisosto; la defensora regional, Verónica Reyes Cea; la directora ejecutiva de Fiscalía en Magallanes, Camila Fernández Rodríguez; y el defensor Ramón Bórquez Díaz, ante jueces, juezas, fiscales, defensoras y defensores de la jurisdicción, autoridades e integrantes del sistema de justicia en la jurisdicción.
En la instancia, la presidenta Recart abordó la perspectiva de género desde la premisa que el liderazgo femenino se basa en escuchar al otro; en propender a la comunicación, al trabajo en equipo y a la empatía. En este sentido, las mujeres “generalmente construyen redes, se preocupan de su entorno, saben lo que sucede en sus equipos de trabajo, además de ser solidarias y colaboradoras. En su labor se orientan hacia las personas, por lo que se puede observar su sociabilidad, expresividad y cercanía, lo que genera una conexión relevante al momento de lograr objetivos conjuntos”, sostuvo en su exposición, la ministra.
En tanto, el fiscal regional, Cristián Crisosto Riffo, relevó la colaboración interinstitucional en materias como ésta, que robustecen el sistema democrático y que propende a una constante evolución como, por ejemplo, abordar la perspectiva de género con todos los entes y, de esa manera, ampliar los conocimientos desde una mirada interdisciplinaria y así “el sistema de justicia penal sirve con eficiencia a la comunidad. Es por eso que los órganos que componen el sistema; Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría Penal Pública, tenemos el deber de estar siempre coordinando y buscando las mejores prácticas en nuestras áreas y compartirlas”, afirmó.
Asimismo, Verónica Reyes Cea, defensora regional, valoró la instancia en que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, en el que “quisimos dar a conocer a la comunidad el ‘Manual de Actuaciones Mínimas’ que la Defensoría Penal Pública estableció en pro de una atención de calidad y especializada en favor de las mujeres”, precisó.
Más tarde, y en este mismo contexto, surgió una conversación que abarcó temas más allá del contexto mujeres y en la cual “se obtuvieron ciertos consensos y se llevaron a cabo ciertas propuestas que esperamos se hagan realidad a la brevedad para dar una mejor atención a todos los usuarios y usuarias del sistema judicial en la Región de Magallanes y Antártica Chilena”, añadió la defensora regional.
Escultura “Grita” en la Corte de Apelaciones
Durante la jornada del 8M, la ceramista magallánica Paola Romero Scherf hizo entregó de la obra “Grita” a la presidenta de la Corte de Apelaciones, Inés Recart Parra, con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, para ser exhibida en dependencias del tribunal de alzada de Magallanes. “El arte es una emoción hecha nota musical, color o arcilla. Ésta es mi materia prima para exteriorizar y hacer materia un sentimiento”, fue el mensaje de la artista al concretar la donación, gestionada a través del Comité de Género y No Discriminación de la jurisdicción Punta Arenas.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó una indemnización de 100 millones de pesos para cada una de las once mujeres que fueron detenidas y torturadas en 1973. El fallo reconoce el daño moral causado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante la dictadura.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó una indemnización de 100 millones de pesos para cada una de las once mujeres que fueron detenidas y torturadas en 1973. El fallo reconoce el daño moral causado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante la dictadura.