CARTA AL DIRECTOR

Sr. Director

Chile ha participado, en su calidad de Estado Asociado del MERCOSUR y miembro de UNASUR, en una serie de declaraciones regionales sobre la controversia de las Islas Malvinas/Falklands y la explotación de hidrocarburos en sus aguas.
Entre 2010 y 2012 destacan siete pronunciamientos adoptados en Los Cardales, San Juan, Georgetown, Foz de Iguazú, Asunción, Montevideo y Mendoza.

¿A qué se comprometió Chile?

Los compromisos más concretos se encuentran en tres ámbitos:

No facilitar actividades de embarcaciones que apoyen directamente la exploración o explotación hidrocarburífera que afecte los derechos reclamados por Argentina en su plataforma continental, conforme a la Declaración de San Juan del 3 de agosto de 2010.

Informar a Argentina sobre buques, itinerarios y cargas destinadas a actividades hidrocarburíferas o mineras consideradas ilegales por ese país en la zona de las Malvinas/Falklands, conforme a la Declaración de Foz de Iguazú de diciembre de 2010.

Adoptar medidas para impedir el ingreso a puertos nacionales de embarcaciones que enarbolen la bandera de las Islas Malvinas/Falklands, de acuerdo con el derecho internacional y la legislación interna, compromiso reafirmado en Montevideo en diciembre de 2011 y confirmado expresamente por la Cancillería chilena en enero de 2012.

Estos compromisos fueron reafirmados políticamente durante 2026. El 30 de junio Chile participó en una nueva declaración del MERCOSUR que cuestionó la explotación unilateral de recursos naturales en la zona disputada. El 3 de septiembre, los presidentes de Chile y Argentina reiteraron la necesidad de una solución pacífica y abordaron la preocupación por las actividades logísticas destinadas a la explotación hidrocarburífera.

¿Qué ocurre con el proyecto petrolero Sea Lion?

Sea Lion es un megaproyecto petrolero offshore situado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas, impulsado principalmente mediante capitales vinculados a Israel y Reino Unido.

Su estructura empresarial contempla:

65 % Navitas Petroleum, operado mediante una filial británica de un grupo que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv, con importantes inversionistas israelíes.

35 % Rockhopper Exploration plc, empresa británica que cotiza en Londres y que también cuenta con inversionistas institucionales israelíes entre sus accionistas relevantes.

La primera etapa contempla una inversión estimada de US$1.800 millones, financiada mediante aportes de capital y préstamos de instituciones financieras internacionales.

No estamos, por tanto, ante un pequeño emprendimiento comercial, sino frente a una operación petrolera internacional de enorme importancia económica y geopolítica, desarrollada en una zona cuya soberanía continúa siendo objeto de controversia.

¿Qué consecuencias tendría que Chile se apartara de sus compromisos?

En primer lugar, podría provocar reclamaciones diplomáticas de Argentina, afectar la credibilidad internacional de Chile y debilitar la confianza entre los países del MERCOSUR.

Estas declaraciones tienen principalmente naturaleza política y requieren examinar la legislación aplicable para determinar sus efectos jurídicos. No existe una sanción automática de expulsión del MERCOSUR ni una prohibición general de comerciar con las islas.

Sin embargo, Argentina ha endurecido su posición: en septiembre de 2026 inició procedimientos sancionatorios contra empresas, accionistas y proveedores vinculados a la explotación petrolera en las Malvinas, conforme a su legislación nacional.

¿Y cuáles son los riesgos para la paz y el desarrollo regional?

Aquí está el aspecto más delicado.

La eventual utilización de puertos chilenos, particularmente Punta Arenas, para abastecer directamente proyectos petroleros cuestionados por Argentina podría transformar una actividad comercial aparentemente ordinaria en un foco de tensión diplomática y geopolítica en el Atlántico Sur.

Magallanes mantiene relaciones históricas, comerciales, familiares y de cooperación con la Patagonia argentina. Arriesgar ese entendimiento por determinadas operaciones logísticas podría perjudicar intereses regionales mucho más amplios.

Una controversia de esta naturaleza podría afectar la confianza bilateral, las inversiones, la conectividad marítima y los esfuerzos de integración austral. También podría aumentar las tensiones en una región donde la cooperación y la solución pacífica de las controversias son fundamentales.

Por eso es indispensable distinguir entre el comercio legítimo con las Malvinas/Falklands y el apoyo logístico directo a actividades hidrocarburíferas en el área disputada.

No se trata de prohibir indiscriminadamente la navegación ni de afectar la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes. Se trata de verificar qué transportan las embarcaciones, cuál es el destino efectivo de las cargas y si existe apoyo directo a proyectos como Sea Lion.

En el caso del Danstar, cualquier eventual vinculación de su carga con actividades petroleras debe ser comprobada por las autoridades competentes, sin presumir irregularidades.

Chile debe ser coherente con las declaraciones que ha respaldado, respetar el derecho internacional y proteger sus propios intereses estratégicos.

La paz, la estabilidad y el desarrollo de Magallanes y la Patagonia austral tienen un valor muy superior al beneficio económico circunstancial que pueda generar una operación de transporte marítimo con carga para actividades hidrocarburíferas en una zona en disputa.

La integración regional no puede construirse sobre compromisos diplomáticos que después no se respetan.

Mario Esquivel Lizondo
Punta Arenas, Chile.