10 de septiembre de 2025
CORTE SUPREMA CONFIRMA EXPULSIÓN Y PROHIBICIÓN DE INGRESO POR 25 AÑOS A CIUDADANA COLOMBIANA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS EN PUNTA ARENAS
El máximo Tribunal confirmó la expulsión de una ciudadana colombiana tras ser condenada por tráfico de drogas, rechazando sus alegaciones de arraigo laboral y familiar. El tribunal sostuvo que la medida se ajusta a la normativa vigente y responde a la gravedad del delito.
La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que rechazó el reclamo interpuesto por una ciudadana colombiana contra el Servicio Nacional de Migraciones, que dispuso su expulsión de Chile con prohibición de ingreso al país por 25 años.
La reclamante solicitó dejar sin efecto la resolución argumentando arraigo laboral, señalando que reside en el país desde 2017, mantiene empleo remunerado y proyecta traer a su hijo para ofrecerle un entorno estable. Además, expuso que su participación en hechos de tráfico de drogas fue circunstancial y que actualmente cumple pena sustitutiva de libertad vigilada, con conducta intachable.
El Servicio Nacional de Migraciones defendió la legalidad de la expulsión, señalando que la recurrente fue condenada en 2022 por tráfico ilícito de estupefacientes, delito de especial gravedad que constituye causal imperativa de expulsión según los artículos 128 N°2 y 32 N°5 de la Ley N°21.325. La autoridad se refirió a la ausencia de vínculos familiares en Chile y la irrelevancia del arraigo laboral frente a la gravedad del delito.
La Corte de Punta Arenas desestimó el reclamo, considerando que la resolución administrativa fue dictada por la autoridad competente, respetando los principios de juridicidad y proporcionalidad, y que los factores invocados por la recurrente, como su vínculo laboral y arraigo en el país, no constituyen antecedentes suficientes para dejar sin efecto la medida.
La decisión se basó en que la reclamante fue condenada por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, conducta que la ley de migración sanciona expresamente con la expulsión y la prohibición de ingreso por 25 años.
Además, sostuvo que el procedimiento administrativo se desarrolló conforme a la normativa vigente, incluyendo el derecho a defensa, y que la medida busca también fortalecer la institucionalidad en el control migratorio.
En mérito de lo expuesto, la Corte de Punta Arenas rechazó el reclamo de ilegalidad.
Apelado este fallo, la Corte Suprema confirmó.
Vea sentencias Corte Suprema Rol N° 33897-2025 y Corte de Punta Arenas Rol N° 20-2025 (Contencioso Administrativo).
Fuente: diarioconstitucional.cl
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