26 de septiembre de 2025
CRISIS EN VIVIENDAS SOCIALES: MINVU ADMITE FALTA DE RECURSOS Y DEUDA SUPERA LOS US$1.000 MILLONES
El problema impacta a empresas constructoras, desarrolladoras y proveedores a nivel nacional, e incluso comprende deudas pendientes con los dueños de terrenos comprados por el Ministerio.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) reconoció a empresas del sector que no dispone de fondos suficientes para concretar pagos a quienes desarrollan viviendas sociales, generando una deuda que la industria calcula superior a los US$ 1.000 millones.
La situación afecta a inmobiliarias, constructoras y proveedores de todo el país, e incluso incluye pagos pendientes a propietarios de terrenos adquiridos por la cartera.
Según correos internos obtenidos por DF, el Minvu señaló a las empresas que, aunque existe ejecución presupuestaria, no hay “disponibilidad de caja ni aporte fiscal suficiente” para cubrir los pagos, los cuales podrían no concretarse hasta marzo de 2026, cuando se emita un nuevo decreto de modificación presupuestaria.
Esta confirmación llegó tras meses de rumores en el sector, y varios ejecutivos aseguran que sus empresas enfrentan deudas que superan los US$ 40 millones.
Plan de Emergencia Habitacional
El origen del problema se encuentra en el Plan de Emergencia Habitacional (PEH), lanzado en 2022 para reducir el déficit habitacional de 640 mil hogares mediante subsidios a proyectos privados. Los principales instrumentos del plan, los decretos DS19 y DS49, permiten a familias acceder a su primera vivienda o a hogares vulnerables financiar la compra o construcción de casas.
Sin embargo, los pagos pendientes en ambos sistemas han paralizado proyectos y retrasado entregas, afectando a familias que ya habitan algunas viviendas construidas.
Para intentar mitigar la situación, el Minvu implementó un modelo de confirming a través de BancoEstado, que permite adelantar pagos con intereses que asumen las empresas, aunque solo aplica a algunos proyectos. Desde la industria, califican esta medida como un “parche” insuficiente frente al riesgo de quiebras y reorganizaciones financieras, especialmente para pequeñas y medianas constructoras.
De acuerdo al citado medio, la cartera atribuye la crisis a gastos mayores a los presupuestados, reactivación de obras y recursos insuficientes.
La respuesta del Minvu
A través de un comunicado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo aclaró que su gestión se enmarcan en el programa aprobado anualmente por el Congreso y ratificado por Hacienda, y que aproximadamente el 90% del presupuesto sectorial anual se destina a compromisos históricos de años anteriores.
La cartera descartó tener pagos pendientes a empresas por las cifras mencionadas en el citado medio, señalando que estas podrían derivarse de una confusión entre proyección de gasto y deuda pendiente, y precisó que algunos Serviu, principalmente en la región Metropolitana, proyectan gastos superiores a su presupuesto vigente, situación que ya está siendo abordada con apoyo de la Dirección de Presupuestos.
Asimismo, el Minvu destacó que programas como el DS19 permiten el pago de anticipos sujetos a disponibilidad de recursos y reconoció que el sector construcción ha enfrentado presiones financieras y de ejecución de obras derivadas de la pandemia. La estimación de gasto de los Serviu se realiza según el avance de los proyectos, muchos de los cuales se extienden entre distintos gobiernos.
En este contexto, se subrayó el trabajo conjunto con las empresas para acelerar el Plan de Emergencia Habitacional, cumpliendo con la legalidad vigente y reforzando la inversión pública, la actividad del sector construcción y el acceso a vivienda para las familias.
Fuente: adnradio.cl
El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.
El jefe de la Bridec Punta Arenas, subprefecto Francisco Garrido Valenzuela, señaló que “se pudo determinar que el 18 de septiembre, la empresa cerró su plataforma, defraudando a más de 1.000 personas, con un perjuicio económico que, al momento, supera los 200 millones de pesos”.
