15 de septiembre de 2025
MAGALLANES: 67 CONCESIONES DE SALMÓN VIGENTES ESTÁN EN PELIGRO
La Ley SBAP mantiene una alta tensión en Magallanes, y la Reserva Nacional Kawésqar concentra gran parte del conflicto, con 67 concesiones vigentes y 80 en trámite en riesgo.

La implementación de la Ley N°21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), está generando una tensión creciente entre los objetivos de conservación ambiental y la continuidad de actividades productivas relevantes para el desarrollo regional.
Esta tensión se expresa con especial claridad en la Región de Magallanes, donde la Reserva Nacional Kawésqar concentra una parte significativa del conflicto emergente, advierten a Salmonexpert desde la Asociación de Salmonicultores de Magallanes.
En esta área protegida, alertan en un reporte técnico del gremio, existen actualmente 67 concesiones de salmonicultura vigentes y más de 80 en trámite, todas ellas aprobadas antes de que la reserva fuera creada. Estas ocupan en conjunto menos de 1.200 hectáreas, frente a una superficie total de 2,6 millones de hectáreas. Sin embargo, el plan de manejo —atrasado más de tres años— aún no entrega certezas regulatorias.
El borrador disponible propone objetos de conservación imprecisos y sin base científica, como “el fondo marino” o “el borde costero”, presentando a la salmonicultura como una amenaza a eliminar, sin considerar mecanismos de compatibilización.
Las nuevas concesiones sectoriales y modificaciones de las existentes dentro de áreas protegidas exigen:
• Compatibilidad con objetivos de protección: El proyecto debe respetar los fines de conservación establecidos para la categoría de área protegida.
• Plan de manejo del área: Debe existir un plan de manejo aprobado, que incluya las actividades permitidas y restricciones aplicables.
• Informe favorable del SBAP: Constituye un requisito para la tramitación y renovación de concesiones.
Este enfoque, de consolidarse, “dejaría en una situación crítica a actividades ya autorizadas y generaría un precedente normativo que podría replicarse en otras áreas del país. El vínculo entre este caso y la discusión nacional es directo: los reglamentos que la Ley SBAP proyecta dictar serán determinantes para definir si la institucionalidad ambiental reconoce o no la coexistencia con actividades productivas fiscalizadas como la acuicultura”.
Mientras el gobierno impulsa una agenda legislativa para reducir la “permisología” y fomentar nuevas inversiones, desde la asociación acusan que el proceso reglamentario en curso corre el riesgo de avanzar en sentido contrario. La incorporación de exigencias adicionales no contempladas en la ley, el aumento de costos y la falta de certeza jurídica contradicen los objetivos declarados de desarrollo sostenible con base territorial.
“La revisión de los anteproyectos de reglamentos de la Ley N°21.600 revela una preocupante desviación respecto del principio de legalidad, al incorporar exigencias, procedimientos y atribuciones no contempladas por el legislador, mediante una reglamentación expansiva que transforma al Ministerio del Medio Ambiente en un actor que reconfigura sustancialmente el marco normativo sin habilitación para aquello”, manifiestan con preocupación.
Esta conducta, “que se expresa en la ampliación de funciones de órganos técnicos, la imposición de cargas adicionales a privados, y la creación de restricciones sin sustento legal claro, configura un patrón de intervención normativa que excede las competencias regladas, debilita la certeza jurídica y expone al sector salmonicultor a una creciente inestabilidad institucional”, recalcan.
Fuente: salmonexpert.cl

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