9 de julio de 2024
La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó, con la abstención de Chile Vamos, que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) pueda levantar el secreto bancario sin necesidad de una autorización judicial.
Esto, como parte del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica para enfrentar el crimen organizado, que permitirá que el director de la UAF pedir a diversas entidades financieras el levantamiento del secreto bancario, pero resguardando su seguridad para evitar filtraciones.
Mario Marcel, ministro de Hacienda, destacó este hecho, planteando a radio Cooperativa que “se trata de un procedimiento que efectivamente implica poder levantar el sector bancario sin autorización judicial, pero bajo un conjunto de normas que mantienen el carácter de secreto de la información más allá de los funcionarios que están realizando una investigación específica”.
Marcel dejó en claro que desde la UAF “están afecto a sanciones tan graves o superiores a cualquier funcionario bancario que, por ejemplo, divulgara información que tiene ese carácter, cosa que además tampoco ha ocurrido en nuestro país”.
Junto con ello, el titular de Hacienda recordó que “jamás se ha filtrado información desde la UAF y menos todavía con alguna finalidad política. Como se ha planteado en la discusión pública, no hay funcionarios que estén dedicados a observar las compras del supermercado de los clientes bancarios”.
En tanto, el senador Iván Flores (DC), presidente de la instancia parlamentaria, argumentó que “estamos avanzando a paso firme en la persecución del crimen organizado, que es lo que nuestro país necesita”.
“Todos estamos persiguiendo exactamente lo mismo, y (pese) algunas aprehensiones que en justicia podamos tener, finalmente van a converger en tener una institucionalidad robusta como la que estamos creando”, sentenció Flores.
Fuente: eldinamo.cl
En el marco de la indagación se pesquisan dos transferencias a la cuestionada ONG. Una en 2022 por $ 23.690.000 y la otra en 2021 por $ 28.795.000.
En el marco de la indagación se pesquisan dos transferencias a la cuestionada ONG. Una en 2022 por $ 23.690.000 y la otra en 2021 por $ 28.795.000.